Este jueves, en sesión especial, el Senado tratará el caso de Edgardo Kueider, el senador peronista de Entre Ríos que está detenido en Paraguay luego de que se le hallarán USD 200.000 dólares sin declarar, durante un control en un paso fronterizo hacia ese país.
La sesión especial fue pedida por el bloque de Unión por la Patria. Esa es la fuerza con la que Kueider llegó al Senado en 2019. El entrerriano es otro de los tantos peronistas que en el último año se convirtieron en colaboracionistas abiertos de la gestión Milei. De hecho, su papel fue fundamental para la aprobación de la reaccionaria Ley Bases en el Senado. Es precisamente a raíz de esto que desde el Frente de Izquierda se denuncia que esa ley es nula.
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La sesión convocada para este jueves tendrá el acompañamiento del PRO a la hora del quórum, lo que garantizaría el inicio de la sesión. La fuerza política que encabeza formalmente Mauricio Macri está en una fuerte tensión con el oficialismo de La Libertad Avanza y esta decisión tensaría aún más las cosas.
Sin embargo, esto no implica que se puedan tomar medidas contra el senador peronista. Si bien el inicio de la sesión estaría garantizado, para poder tratar cualquier tipo de resolución se requiere una mayoría especial de dos tercios de las y los presentes. En caso de que se reúna todo el Senado, eso equivale a 48 personas sentadas en sus bancas. Ese número sería mucho más difícil de conseguir.
Desde Unión por la Patria se insiste con su expulsión. De concretarse la misma, Kueider sería reemplazado por Stefanía Cora, claramente ligada al kirchnerismo mediante La Cámpora. Esto implicaría debilitar al oficialismo, que perdería así un aliado en la Cámara alta. La otra opción que se baraja es la suspensión del entrerriano hasta inicios de marzo, cuando inicien nuevamente las sesiones ordinarias del Congreso. Esta sería la propuesta que podría arrimar el PRO, tal como lo indicó públicamente el cordobés Luis Juez.
El escándalo Kueider desnuda las negociaciones abiertas que vienen teniendo lugar entre Milei y lo que, aun hoy, sigue llamando “la casta”. Esas negociaciones y transas con los partidos patronales -que podrían incluir coimas- son las que garantizaron que el Gobierno pudiera avanzar con su ajuste. El PRO, la UCR y el peronismo, a distintos niveles, garantizaron este avance.