Los bancos extranjeros acreedores de Vicentin vendieron su deuda por US$ 447 millones (sumando lo verificado por 7 entidades) al grupo inversor CIMA, que apuesta a tomar el control de la agroexportadora luego de un cramdown (salvataje), junto con la corredora Grassi, que lidera el grupo de disconformes con el plan de pagos propuesto y avalado por doble mayoría.
Tras negociaciones de varios meses, Cima adquirió la deuda verificada por US$ 447.194.396, pero según rumores del mercado el valor de la operación habría sido por poco más del 10% de ese valor. La operación se realizó el jueves 12, pero se difundió y notificó formalmente este martes en el expediente judicial.
La suma de la acreencia verificada por los siete bancos está conformada de la siguiente manera: IFC (205.785.014), FMO (122.278.129.55), ING (46.429.718), Rabobank (u$s 22.781.133), MUFG (12.381.296), SMBC (12.381.296) y Natixis (9.934.586).
El directorio de Vicentin salió al cruce de la noticia tratando de llevar calma «a nuestro personal, a nuestros acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso de la sociedad». Afirmaron que «de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio».
Por su parte, en un comunicado de CIMA, conducido por Esteban Nofal, con experiencia en Wall Street, se indicó que la deuda se compró «con el objetivo contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina”.
La intención, «como representantes del mayor acreedor del concurso -subrayaron-, es colaborar en una pronta solución que contemple en forma ecuánime los intereses de las distintas partes, en particular aquella que incluya la conservación de las fuentes de trabajo”.
En tanto, desde Vicentin recordaron que «la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities (grupo Grassi) y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior».
Asimismo, los representantes de la agroexportadora, reiteraron que «frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano».