La oposición va por todo en Diputados y ya formalizó un pedido de sesión para el próximo miércoles con un amplio temario que incluye desde el veto de Javier Milei a los proyectos de financiamiento de las universidades y la denominada Ley Garrahan hasta la citación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que responda en relación con el escándalo de los audios por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En medio del intento del Gobierno por acercar posiciones con los gobernadores, los bloques de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal, acordaron un temario que incluye 21 expedientes que van contra el Gobierno.
El primero de los objetivos de la oposición será voltear los vetos presidenciales a la declaración de emergencia en pediatría, impulsada tras la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan, y al aumento de financiamiento universitario.
Si bien el Presidente vetó ambas propuestas por su “excesivo costo fiscal”, la oposición busca unificarse para repetir lo ocurrido con la emergencia en discapacidad y rechazar la decisión del Presidente, que ve peligrar el superávit fiscal. Es que paralelamente, en el Senado está convocada para el martes a las 18 una reunión de labor parlamentaria para definir una sesión prevista para el jueves con la intención de insistir con el proyecto de reparto automático de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).
La oposición no sólo le apuntó a los vetos del Presidente sino que además buscará emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con la presentación de Karina Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; para que respondan sobre el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en el ANDIS. De esta manera, la oposición buscará sacar despacho de comisión para en otra sesión aprobar la medida con mayoría simple.
El temario también incluye la reforma a la ley de DNU, mediante la cual buscan ponerle un límite al Gobierno en el uso de los decretos. La propuesta que tiene la media sanción del Senado fijaría un plazo de 90 días corridos para ser aprobados con mayoría absoluta de ambas Cámaras. En la actualidad no hay plazos para tratarlo en el recinto y si no lo rechaza ninguna de las Cámaras mantienen su condición de ley. Con la reforma sólo alcanza con la desaprobación de uno de los cuerpos para que pierda validez.
En este caso, la intención de la oposición no es buscar la aprobación sobre tablas de la propuesta sino el emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales, que el libertario Nicolás Mayoraz mantiene cerrada para evitar que avance una reforma que pondría en jaque al Gobierno, que apura las elecciones de octubre con la ilusión de engrosar su representación en el Congreso a partir de diciembre.
Para que la reforma del régimen de DNU se convierta en ley se requiere una mayoría absoluta, es decir, un piso de 129 votos. En el Senado, salió con más de los dos tercios del cuerpo.
En este escenario, la oposición también busca avanzar en la conformación de una comisión investigadora del fentanilo contaminado, una iniciativa que quedó trabada a partir de una maniobra del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al otorgarle la cabecera en el tratamiento del tema a la comisión de Asuntos Constitucionales, bloqueando así cualquier maniobra por sumar a otros bloques a la discusión.
Lo cierto es que el proyecto sólo pudo ser debatido en la comisión de Peticiones y Reglamento, a cargo de Silvia Lospennato, pero sin el despacho de la otra comisión no llegará recinto.
Está claro que tras la derrota que sufrió el fin de semana pasado en la Provincia, al Gobierno le espera un duro revés en el Congreso porque la oposición también buscará rechazar una serie de decretos presidenciales. La lista empieza con el decreto de facultades delegadas 396/2025 mediante el cual el Gobierno dispuso la fusión del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y transformó el Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa.
Además, la oposición pedirá la nulidad del DNU que puso en marcha el nuevo estatuto de la Policía Federal que genera controversia porque permite a la fuerza detener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, realizar ciberpatrullaje sin control judicial e iniciar investigaciones y recabar pruebas por su cuenta antes de que intervenga la Justicia. El nuevo estatuto también permite realizar tareas de análisis operativo que están fuera de la Ley de Inteligencia Nacional.
Otro de los decretos de facultades delegadas que quiere voltear la oposición es el que eliminó la la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas (ANMaC) y restableció el RENAR, dentro de la órbita del Ministerio de Seguridad, quitándole autarquía y focalizando su alcance en el control de armas. Para completar, la oposición buscará emplazar el tratamiento en comisión de los proyectos de ley de Emergencia en el Sistema de Ciencia y Técnica, y de Alzheimer, que están frenadas porque el libertario José Luis Espert no convoca a la comisión de Presupuesto.
Con el apoyo de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, y algunos provinciales, la oposición tendría garantizado el quórum y los votos para avanzar con el temario.