Elisa “Lilita” Carrió denunció públicamente la existencia de un supuesto acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y sectores vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para encubrir presuntas irregularidades millonarias. La acusación fue realizada el 20 de enero de 2026 a través de un mensaje en redes sociales que volvió a poner al fútbol en el centro de la polémica política.
“Tal como dije, pacto del gobierno con Massa. La corrupción queda en manos de las mafias”, escribió la líder de la Coalición Cívica, apuntando a un presunto entendimiento entre la administración libertaria y el exministro de Economía Sergio Massa para garantizar impunidad en el manejo de fondos de la AFA, conducida por Claudio “Chiqui” Tapia y con Pablo Toviggino como uno de sus principales dirigentes.
La denuncia fue reforzada por el diputado porteño Facundo Del Gaiso, también de la Coalición Cívica, quien acusó a la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, de destrabar en pocos días irregularidades acumuladas durante ocho años por un monto estimado en 450 millones de dólares. Según sostuvo, la IGJ permitió el traslado de la sede de la AFA a Pilar sin designar veedores ni realizar auditorías. “No hay veedor, no hay auditoría. Viva la impunidad carajo”, escribió, en alusión irónica al lema presidencial.
El planteo opositor se inscribe en una investigación judicial iniciada en enero de 2026 por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la AFA, que incluye sospechas sobre una lujosa propiedad en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino. En ese contexto, la IGJ había denunciado inconsistencias en balances de la AFA y la Superliga Argentina de Fútbol correspondientes al período 2017-2024, así como el cuestionado traslado de la sede desde la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el mismo 20 de enero la Cámara Federal de San Martín resolvió trasladar la causa desde la Justicia federal porteña al juzgado de Campana, una decisión que Carrió y Del Gaiso interpretaron como una maniobra para diluir la investigación. Desde el Gobierno rechazan la existencia de cualquier pacto y sostienen que la IGJ actuó conforme a sus atribuciones, mientras que la AFA niega las irregularidades. La causa, por ahora, sigue abierta y sin definiciones judiciales.