Febrero de 1967. Augusto Timoteo Vandor habla con la revista Análisis Confirmado: “No podemos reducirnos a mantener relaciones más o menos cordiales con el gobierno. Debemos ser parte de él, institucionalizarnos”. El cacique de la UOM y la CGT se postraba ante Onganía, imagen del dictador invencible. Fuera de los salones del poder, la vida fluía bajo otros marcos. Dos años más tarde, las calles de Córdoba se poblaban de barricadas.
Traiciones en bucle; repeticiones del pasado. Heredera de aquella raigambre burocrática, la CGT “renovada” se postra ante Milei. Víscera sensible, su bolsillo le dicta indicaciones. Los intereses corporativos antes que los del conjunto de la clase trabajadora. Rechazada en las palabras, la legislación laboral esclavista se negocia en los hechos.
No hay “tibieza” o “estrategia equivocada”, eufemismos dirigidos mayormente al autoengaño. La casta sindical peronista -con la que convivieron Menem, Néstor y Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández- está ahí para evitar que la bronca devenga resistencia. Que la resistencia mute en rebelión popular. Delineada hace décadas, allí arraiga su tarea estratégica.
En los días que pasaron, la cobardía burocrática halló su contracara en la combatividad que desplegaron sectores de vanguardia, el sindicalismo combativo y la izquierda. Denunciando la reforma laboral y enfrentando la represión en las calles. Agitando -como lo vienen haciendo Myriam Bregman y Nicolás del Caño- la necesidad de una gran rebelión nacional que imponga una derrota efectiva al programa contrarreformista.
Esencia de la reforma esclavista: el capital busca anular la capacidad de lucha de la clase trabajadora. Prohibir asambleas; censurar el derecho a huelga; destruir los convenios colectivos. Graneado, el fuego apunta a cuerpos de delegados, comisiones internas o comisiones de reclamos. Lo confirman experimentos los localizados: en Lustramax y el Hospital Garrahan, trabajadores y trabajadoras resisten los intentos de desarticular la organización de base.
Allí, narra la historia, afinca una posición estratégica en la lucha de clases. Las comisiones internas como freno a los intentos de Perón y las patronales de incrementar la explotación laboral en 1954-1955. Como punto de apoyo de la resistencia obrera que enfrentó dictaduras y democracias tuteladas entre 1955 y 1973. Como base de las Coordinadoras Interfabriles en 1975 cuando, Rodrigazo mediante, la clase obrera hizo temblar al peronismo gobernante, al gran capital y al imperialismo.
Ilegitimidad y complicidad
Complicidad disfrazada de diálogo. Al interior del Congreso, los llamados bloques “dialoguistas” ejecutan un papel análogo al de la CGT: otorgarle a Milei una fuerza de la que carece por sí mismo. Publicitadas en exceso, las “victorias parlamentarias” de esta semana son inescindibles de esa lastimosa colaboración que brindan macristas, radicales y una fracción -cada vez mayor- del peronismo.
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El Gobierno comercializa su euforia como fuerza propia. La gran corporación mediática le asiste en la labor. La oficialista, cantando loas al poder, anatemizando el derecho a reclamar y celebrando los “nuevos métodos” de la rosca política; la opositora, lamentando una presunta imbatibilidad gubernamental.
La realidad marca distancia. Repudiada en las calles -con miles de personas enfrentando la represión- la reforma laboral carece de legitimidad de origen. Tampoco logrará una de ejercicio. Su eventual aplicación alumbrará -como escribió Fernando Rosso en El Dipló- un “guerra de posiciones” entre las clases sociales antagónicas.
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Por estas horas, crece la ilegitimidad de la norma. Crueldad pura, el artículo que modifica las licencias por enfermedad, despierta un amplio repudio, que se extiende hasta una fracción del periodismo oficialista. La crisis se patentiza, también, en el giro discursivo de la propia CGT. Atenazada por una tormenta de críticas, la conducción burocrática eleva la amenaza de paro nacional el día que la reforma se trate en Diputados. Un largo historial permite dudar de la efectiva concreción.
El Gobierno encara esta guerra de clases en el marco de un creciente malestar social creciente. La economía arroja novedades sombrías cada día. Maniobras mediante, el ministro Caputo intenta tapar la derrota del salario ante la inflación. La bronca se extiende. Un hecho de esa semana grafica su alcance. La oficialista conducción de Suteba (docentes de PBA) se vio obligada a una tímida oposición al ajuste de Kicillof, rechazando la pauta salarial oficial. En simultáneo, el país asiste a un creciente industricidio, resultado de la caída del consumo y el incremento de las importaciones. Voraces, las patronales aprovechan la crisis para potenciar despidos, suspensiones y ataques a las condiciones laborales.
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El peronismo en su laberinto: capítulo 1000
Agobiado, el peronismo transita una crisis persistente. Esta semana, las internas le agrietaron aún más la piel. Las acusaciones de traición volaron: de dirigentes gremiales a gobernadores; de dirigentes políticos a dirigentes gremiales; de simpatizantes y militantes en todas direcciones.
Extraviadas en ese laberinto, distintas voces llaman a la “reconstrucción” o a “recrear la mística”. Hace días, el sociólogo y consultor Artemio López escribió que “el peronismo enfrenta un desafío central: la unidad histórica que se construyó en torno al ciclo 2019–2023 ya está agotada. Insistir en esa forma de unidad —basada en acuerdos tradicionales y apelaciones a símbolos del pasado conduce – como en su momento la advirtiera John William Cooke en los años 60 frente al avance de los sectores dialoguistas internos – a la denominada ‘esterilidad histórica”’.
La esterilidad política anida hace tiempo en las filas peronistas. El ensayo fallido que llevó el nombre de Frente de Todos se agotó mucho antes de dejar la gestión. Persistía en la inercia de los discursos y en la rosca interna inestable. Ese peronismo, construido como “alternativa a la derecha”, solo pudo ofrecer la gestión de un capitalismo declinante, subordinado a las órdenes del FMI y el gran capital financiero. Aun dosificando el ajuste, empujó la economía a la crisis permanente. La pobreza e inflación resultantes parieron condiciones sociales para el triunfo de la ultraderecha.
Más allá de la retórica, el peronismo en el llano no ofrece ni puede ofrecer otro programa. Su agotamiento histórico arraiga en ese límite de carácter estructural. Balcanizado en fracciones y aparatos, presenta un avatar en cada provincia, municipio o sindicato.
“Reciclar” el actual peronismo implicaría adicionar capa tras capa de colaboracionistas: gobernadores como Jaldo y Jalil; dirigentes sindicales traidores; diputados y senadores votantes de la Ley Bases o la baja de edad de imputabilidad. La melange resultante sería tan extensa como funesta.
Lo nuevo debe emerger desde abajo
La derecha y el gran capital hallaron en Milei su personal político directo. Sumaron, además, infinidad de cómplices a lo largo del espectro partidario; desde los escombros del PRO al peronismo libertario de Tucumán y Catamarca.
La clase trabajadora, en cambio, carece de una organización política propia. Repitiendo el pasado, la burocracia enquistada en los sindicatos ofrece el lazo a un declinante peronismo. Un rumbo que solo destila impotencia.
En claro contraste, el PTS-Frente de Izquierda sostiene la necesidad de militar la construcción de esa fuerza política de la clase trabajadora. De apostar a la emergencia de una organización de cientos de miles o millones que -al tiempo que enlaza a las distintas fracciones de la clase obrera- potencie su capacidad de lucha y abra el camino a una salida propia a la crisis nacional.
La guerra de clases se anuncia con numerosos combates. Uno, inmediato, ocurrirá el día en que la reforma laboral llegue a la Cámara de Diputados. Puede ser el próximo jueves. Hay que preparar, desde ahora, la primera de esas batallas. En cada lugar de trabajo, en cada facultad, en cada barrio. Militando la perspectiva de una gran rebelión nacional, de una huelga general que, paralizando el país, destroce el sueño esclavista del poder económico y su gatito mimoso.