El plan de ajuste diseñado por el gobierno de Javier Milei continúa su marcha contra los bolsillos de los trabajadores. El informe[i] elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), arrojó datos demoledores sobre el encarecimiento del costo de vida.
Durante el mes de marzo, una familia promedio del AMBA necesitó desembolsar más de $213.000 únicamente para cubrir la canasta básica de servicios públicos. Semejante cifra representa una suba mensual del 11,4%, pero el dato verdaderamente escandaloso surge al observar el acumulado desde que el actual mandatario asumió el poder. Desde finales de diciembre de 2023 hasta la actualidad, el costo de mantener encendida la luz, tener agua, gas y poder viajar al trabajo experimentó un salto brutal del 591%, lo cual triplica la inflación general registrada en el mismo período.
Para comprender la magnitud de este saqueo al salario resulta necesario desglosar de manera detallada cómo se compone esta canasta de servicios y el peso que cada rubro ejerce sobre la economía familiar. El transporte público se consolidó como el factor de mayor asfixia, demandando un gasto superior a los $101 mil mensuales tras acumular un incremento astronómico del 996% bajo la gestión libertaria. Los servicios domiciliarios para los usuarios que ya no perciben asistencia estatal acompañan esta escalada violenta.
Las boletas de electricidad alcanzan montos cercanos a los $49.000 y las facturas de gas superan los $28.000 mil, evidenciando saltos del 370% y del 766% respectivamente a lo largo del ciclo oficialista. A toda esta enorme carga se le suma el servicio de agua corriente, que exige otros $35.000 adicionales. Toda esta radiografía demuestra que la satisfacción de las necesidades más elementales dejó de ser un derecho básico para transformarse en un lujo de pocos.
Tocá un rubro para ver el gasto mensual en marzo 2026.
Frente a este golpe sistemático, el relato libertario intenta limpiar su imagen argumentando que el Estado todavía financia una porción de las tarifas. Los datos del observatorio universitario confirman que en la actualidad los hogares del área metropolitana cubren en promedio el 65% del costo real de los servicios, mientras que el Estado aporta el 35% restante a través de la asistencia pública. Ahora, es fundamental explicar esta trampa con claridad para no caer en los engaños oficiales. El problema radica en que, a pesar de que una parte de los subsidios continúa existiendo, el gobierno habilita aumentos incesantes en los cuadros tarifarios de las empresas proveedoras. De esta manera, aunque haya un porcentaje cubierto por fondos públicos, el valor final que impacta en las boletas se multiplica sin freno simplemente para garantizar las ganancias extraordinarias de un puñado de corporaciones energéticas.
La consecuencia directa de este modelo económico es la liquidación absoluta del poder adquisitivo de los trabajadores. En la actualidad, pagar la luz, el gas, el agua y el transporte absorbe más del 12% de un salario promedio registrado ($1.741.460). Esta asfixia financiera deja bien en claro cuál es uno de los elementos centrales del programa libertario. Mientras todos los gastos ineludibles de los hogares aumentan a un ritmo confiscatorio, los sueldos se mantienen estancados de forma deliberada. Este ataque sobre los ingresos se puede llevar adelante gracias a los techos paritarios miserables que impone el ministro Luis Caputo y que son aceptados con total obsecuencia por las cúpulas de la burocracia sindical. Toda esta política de entrega garantiza el éxito de un plan de ajuste diseñado específicamente para multiplicar la pobreza, destruir los puestos de trabajo genuinos y consolidar la informalidad y el cuentapropismo como única alternativa de supervivencia.
Frente a esta estafa sistemática, se vuelve urgente proponer una salida de fondo que corte de raíz con el negocio capitalista. No existe ninguna manera de solucionar la crisis de los servicios públicos si el sistema sigue atado al lucro de un puñado de corporaciones. El primer paso indispensable es exigir la apertura inmediata de los libros contables de todas las empresas privatizadas. Esta medida permitirá demostrar ante toda la sociedad las ganancias extraordinarias que estas firmas acumularon durante décadas y contrastarlas con su desinversión absoluta.
Una vez expuesto este gran saqueo, el camino a seguir es la reestatización total e inmediata del sistema eléctrico, el gas, el agua y el transporte, sin pagarle ni un solo peso de indemnización a los empresarios. Sobran los motivos para rescindir estas concesiones sin compensación alguna. Las empresas prestatarias son quienes le deben al pueblo trabajador por sus reiterados incumplimientos y por brindar un servicio históricamente decadente. Sin embargo, recuperar estas compañías para la órbita pública no significa dejarlas en manos de los funcionarios de turno o de políticos tradicionales que siempre terminan pactando con las patronales. La única garantía para asegurar un servicio de calidad es poner a estas empresas bajo el control democrático e indelegable de sus propios trabajadores, los técnicos especializados y los comités de usuarios.
Solo una gestión social, participativa y desde abajo tiene la capacidad de decidir de manera transparente las obras de infraestructura necesarias y establecer cuadros tarifarios verdaderamente accesibles para cualquier salario. A su vez, tomar el control de estos resortes estratégicos representa la única herramienta real para impulsar una verdadera reconversión del sector. Ningún empresario privado invertirá sus márgenes de ganancia en investigar y desarrollar fuentes limpias, eólicas o solares mientras pueda seguir exprimiendo el modelo de los combustibles fósiles. Una administración controlada por la clase obrera cuenta con la independencia necesaria para planificar una transición urgente hacia energías amigables con el planeta y romper definitivamente con los dictados del FMI. Recuperar lo nuestro con control social y soberanía es la única alternativa para que la luz, el gas, el agua y el transporte dejen de ser un negocio millonario para pocos y vuelvan a ser un derecho inalienable para las mayorías populares.
[i] https://economicas.uba.ar/iiep/wp-content/uploads/INFORME-IIEP-MARZO-2026.pdf