En la comisión de Legislación General se vienen realizando distintas reuniones donde se estudian tres proyectos ligados a la llamada «Ficha Limpia». En los debates vienen participando distintos especialistas que dan a conocer sus puntos de vista sobre el tema.
Luego del fracaso del tratamiento en el Congreso Nacional que dejó a la luz el acuerdo entre Milei y el kirchnerismo, el peronismo cordobés busca un acuerdo con el radicalismo y el PRO para aprobar la «Ficha Limpia» a nivel provincial y no quedar «pegados» al kirchnerismo.
A propuesta del mismo oficialismo, los proyectos quedaron en estudio buscando la compatibilización de las propuestas para que sea aprobada antes de fin de año. Se espera que el mismo tramite corra en la legislatura provincial.
Las iniciativas se encuentran en clara sintonía con las que impulsa la UCR, PRO y Frente Cívico a nivel nacional, así como acá el PJ de Llaryora en la Legislatura. Estos proyectos son rechazados por la fuerza de Bregman y Vilches, debido a que «son utilizadas como herramienta a medida para la persecución de opositores políticos, como se vio en el caso de Brasil claramente con Lula. Históricamente, este tipo de leyes que son impulsadas directamente por el imperialismo norteamericano, que se usan particularmente contra la izquierda y los sectores populares.»
Además, Vilches señaló que «rechazamos cualquier iniciativa de este tipo y sostenemos que el modo de avanzar contra los hechos de corrupción o incumplimiento de los mandatos por los cuales funcionarios fueron electos, debe ser mediante la revocabilidad de los mandatos por los mismos electores, y no por una justicia que se ha mostrado siempre adicta al poder y sus castas».
Y finalizó «Córdoba está plagada de hechos impunes que vinculan al poder político con todo tipo de negociados, sobreprecios, enriquecimiento de empresarios amigos. Que hoy es el PJ que antes lo fue el radicalismo. Ahora se quieren lavar la cara con estas políticas demagógicas sabiendo que el poder judicial siempre los va a proteger. Este tipo de ordenanzas no van a aportar transparencia sino persecusión».