Representantes del sector de maquinaria agrícola plantean al Gobierno la posibilidad de flexibilizar el requisito de inversión mínima del RIMI, argumentando que el piso de US$150.000 no refleja la dinámica habitual de inversión en el campo.
El Régimen de Incentivo para las Medianas Inversiones (RIMI), incorporado en la reforma laboral, ha generado un debate en el sector de maquinaria agrícola. El punto central es el umbral mínimo de US$150.000 establecido para que las microempresas accedan a beneficios como la amortización acelerada, un monto que, según las cámaras del sector, deja fuera una parte significativa de las inversiones habituales.
El RIMI fue diseñado como una herramienta para promover inversiones productivas a través de beneficios fiscales, con umbrales que aumentan según el tamaño de la empresa. Sin embargo, desde la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) y la Federación Argentina de Máquinas Agrícolas (Facma) señalan que el régimen prioriza inversiones individuales de alto monto, lo que no siempre se condice con la realidad del sector agropecuario.
«En la práctica, muchos productores y contratistas realizan inversiones escalonadas o distribuidas en distintos equipos que, por separado, no alcanzan el umbral exigido», explicaron desde el sector. Como ejemplo, mencionan que implementos como cabezales maiceros, plataformas de cosecha (draper), tolvas o mixers suelen tener valores individuales que oscilan entre US$20.000 y US$100.000.
Frente a esta situación, las entidades preparan un planteo formal ante el Gobierno para la etapa de reglamentación del régimen, la cual depende del Poder Ejecutivo. La propuesta central no busca modificar los montos mínimos establecidos por la ley, ya aprobada, sino introducir flexibilidad en su aplicación.
«Uno de los ejemplos que planteamos es que, sin tocar los mínimos, se puedan considerar varias inversiones que en conjunto sumen ese monto o uno superior», detalló Hernán Zubeldía, presidente de Cafma. «Un cabezal maicero o un draper quizás no llegan a los US$150.000, pero si se compra el cabezal, la tolva y la casilla, el paquete de inversiones sí supera ese valor», graficó.
El argumento del sector es que una mayor flexibilidad permitiría adaptar el incentivo a la lógica real de inversión, donde no todos los años se renuevan máquinas de gran porte como cosechadoras o tractores, pero sí se invierte en modernizar equipos o adquirir implementos específicos. Consideran que el tema afecta a toda la cadena agroindustrial, desde fabricantes hasta contratistas y productores.
El sector ya ha iniciado contactos con Facma y evalúa articular acciones con otras entidades, como la Fundación Barbechando, además de prevér diálogo con legisladores y el propio Poder Ejecutivo.
Este debate se da en un contexto en el que el sector espera una mejora de la actividad para este año, luego de un 2024 flojo y un 2025 con recuperación parcial. Con una buena campaña de trigo, la cosecha de granos gruesos en marcha y condiciones macroeconómicas más estables, desde el sector ven margen para una mejora, a lo que se suma el rol del financiamiento. «Si el clima acompaña, están dadas las condiciones para que sea un buen año», resumió Zubeldía.