Durante enero de 2025, el gremio de transportadores y el Gobierno nacional han mantenido discusiones por presuntos incumplimientos del Estado en los acuerdos firmados en septiembre de 2024.
A casi cinco meses, Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) denunció que la por entonces ministra de Transporte, María Constanza García, y el ministro de Hacienda, Diego Guevara, pasaron por alto lo acordado con respecto al precio del di´wsel.
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El aumento de la gasolina y la falta de concertación obligó al gremio anunciar que no volverían a negociar con el Gobierno hasta que el presidente de la República, Gustavo Petro, los atendiera en persona para escuchar sus peticiones.
De hecho, fijaron como fecha límite el 31 de enero de 2025, de no recibir una respuesta positiva, desde el 1 de febrero podrían entrar en paro nacional, bloqueando las principales vías del territorio colombiano con graves consecuencias para la población.
“En cualquier momento esperamos respuesta a la reunión, ya hemos hecho lo pertinente de manera formal. Si no responden y tenemos un incremento en los combustibles el 1 de febrero, que esperamos que por prudencia no lo haga el Gobierno, seguramente caerá muy mal esto en las bases y estas decidirán si vamos o no a un cese de actividades”, confirmó Alejandro Quiroga, presidente de la Asamblea Nacional de Transporte (ANT) en diálogo con RCN radio.
El líder gremial aseguró que está contemplado el cese de actividades entre sus estrategias para presionar al Gobierno nacional. Sin embargo, explicó que esta medida implica mayor coordinación entre los actores involucrados, por lo que prefieren esperar a ver cómo se desarrolla la situación.
“El cese de actividades siempre está contemplado como una de las alternativas. Lo que pasa es que ahora el cese incluye un aparato logístico mucho más estratégico, con relación a lo que se vaya a hacer y el plazo que nosotros tenemos es el 31 de enero porque el aviso del Gobierno, a través de la Dian, de subir el combustible, lo más seguro es que será el detonante más claro para que las bases comiencen a manifestarse”, señaló al medio citado.
Así las cosas, solicitó tanto al jefe de Estado como a la nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, evaluar los puntos que incumplieron para llegar a una solución, y que todas las partes queden satisfechas.
Por otro lado, varias organizaciones gremiales enviaron una carta de carácter urgente al presidente Gustavo Petro en la que señalaron los incumplimientos del Ministerio de Transporte a los acuerdos del 6 de septiembre de 2024. Sumado al aumento del precio del diésel, los transportadores afirmaron que están expuestos a la inseguridad, además de ver sus ingresos menguados por el decrecimiento económico del país.
“Se suma la inseguridad desbordada en las carreteras del país, el decrecimiento de la economía, el menor consumo, la menor carga y los menores servicios de transporte, problemas que requieren atención inmediata”, se lee en la misiva.
De igual manera, explicaron que el aumento en los precios de los peajes fue un duro golpe para el bolsillo de los camioneros, afectando de manera directa sus ingresos y el de sus familias.
El incremento de los peajes, entre otros factores, también dificulta la planificación de sus operaciones e incrementa una exagerada carga de costos que afecta de manera grave la permanencia en su oficio, con el que sustentan su mínimo vital cientos de miles de bases transportadoras y sus familias a lo largo del país.