Cuando se anunció la semana pasada la baja transitoria de los derechos de exportación de muchos productos “tradicionales”, la sensación de alivio fue parecida a las de las lluvias que fuero un bálsamo en la amenaza de sequía que afectaba a buena parte de la zona núcleo del país. En concreto, la baja de un 20% en promedio de las alícuotas para liquidaciones realizadas hasta el 30 de junio (la más alta, la de la soja, pasó de 33% a 26% y 31% a 24,5% en el caso de sus derivados; y la de trigo y maíz, de 12% a 9%) son asimiladas por los productores como un placebo que está lejos de la solución de algunas dificultades.
El otro cepo. El contexto del último año fue el de la reversión de algunas tendencias que se insinuaron con anterioridad pero que terminaron por jaquear el factor principal de la empresa agropecuaria: su rentabilidad promedio. En primer lugar, Argentina no es una formadora de precios por sí sola, en todo caso, podría hacerlo junto con los otros dos grandes productores del continente, Brasil y Estados Unidos pero que también en algunos productos se suman otros, como Paraguay (soja y carne), Uruguay (carne y lana). Por eso, el aumento de la productividad de todas estas economías desembocó durante las últimas dos décadas en un aumento de la producción que depende cada vez más de la aspiradora china, aumentando la vulnerabilidad del sistema ya recalentado por la imprevisibilidad climática.
Lejos de los US$600 que, por ejemplo, la soja pudo tocar a fin de 2008 y el otro escalón récord de lo que alcanzó en junio de 2022 (US$650). Precios irrepetibles pero que sirvieron para cimentar el otro factor que erosiona la rentabilidad empresaria: la combinación entre el tipo de cambio múltiple (el “dólar agro” siempre es el más bajo) y los derechos de exportación. Ambos vectores son únicos en la región productora: ninguno de los competidores directos tiene que cargar esa mochila que llegó a ser de más de los dos tercios medido en términos del tipo de cambio financiero.
Finalmente, la otra cuestión gravitante es la de la evolución de los costos, muchos de ellos con una evolución en el último año que superó la devaluación efectiva para el sector. En el último informe de FADEEAC, la asociación empresaria que nuclea a los transportistas, explicó que el aumento de los costos del sector 85%, más bajo que la inflación (118%) pero más alta que el índice de precios mayoristas (67%) y más del triple de la cenicienta de la película, el dólar oficial (+24%). Como el transporte resume muchos de los costos que se verifican en la explotación agropecuaria, sirve como un indicador de la amenaza interna que tiene el productor. Otros componentes, como los fertilizantes, están dolarizados y una mayor apertura comercial serviría para compensar otros desfasajes. Finalmente, otro de los componentes clave es el alquiler. Cabe recordar que el sector es el más atomizado del país: ningún oferente tiene más del 2% del mercado y la composición abrumadora es la de una combinación de empresa familiar con asociación de productores bajo distintos rótulos (desde “pooles de siembra” con diversos grados de formalidad, hasta grupos de trabajo y cooperación). Una luz de alerta en el tablero sectorial fue el default de grandes empresas que posponían el pago del servicio de su deuda privada, como fue el caso de Los Grobo y Agrofina, durante este enero. Muchos de estos grupos no poseen tierras, sino que alquilan a otros dueños sin la escala ideal y ante la evolución dispar de las variables (precios internacionales, dólar y costos) la ecuación se tiñe de rojo.
En un análisis del economista Salvador Distéfano sobre un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sobre la presente campaña agrícola (20241/25), concluye que mientras Estados Unidos muestra mayor eficiencia en la producción de maíz y trigo, Argentina muestra mejor desempeño en soja, y Brasil presenta la mayor fragilidad productiva por altos costos. “Estas diferencias se deben a mayor desarrollo tecnológico y productivo de Estados Unidos y Argentina, y fortaleza ambiental de ambos países respecto de Brasil”, comenta.
Al margen. También la baja en las retenciones y la promesa de terminar unificando los tipos de cambio en algún momento de este año tienen más valor de seña que un impacto en sí mismo. Para Franco Artusso, investigador de la sección Productiva del IERAL, la carga tributaria total en la zona núcleo pasa de 59,4% a 54,4% (-5%) y de 67,1% a 60,6% (-6,5%) en la zona extrapampeana. Pero a su juicio, implica un punto de inflexión en la política fiscal hacia el sector y un argumento para la otra batalla tributaria, la provincial y municipal.
Por su parte, el economista Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, estima que este año habrá un tema de costos. “Todo aquello que esté ligado a los valores locales, como por ejemplo las labores o los fletes, subieron al ritmo de la inflación, no al ritmo del dólar, y se quedó un poco atrasado”, argumenta. Su pronóstico para esta campaña depende de dos factores impredecibles con exactitud: los precios internacionales y las lluvias.
“Si no llueve y los rindes se caen, están precios más altos, el mercado debería ayudar en ese caso: en la soja, a 280 US$ se empieza a cambiar la plata y a 290 ya hay ganancia fuerte. El maíz en cambio ya tenía buenos precios antes de los anuncios y con valores arriba de los US$180 ya tiene buenos números”, anticipa.
Nada está bajo control, todo puede cambiar es el patrón productivo actual, con el cual el “campo” convivió siempre pero ahora comparte esa incertidumbre con el resto de los sectores.